La gobernadora Maru Campos rechazó que exista alguna similitud entre la situación de Chihuahua y el caso que enfrenta la administración de Baja California, al sostener que su gobierno no mantiene investigaciones abiertas por parte de autoridades estadounidenses ni enfrenta señalamientos internacionales relacionados con temas de seguridad.
La mandataria afirmó que su administración ha privilegiado el combate a la delincuencia mediante la aplicación de la ley y consideró que las comparaciones realizadas recientemente desvían la atención del caso que actualmente enfrenta la entidad fronteriza.
Descarta Señalamientos Contra Chihuahua
Durante un mensaje público, Maru Campos aseguró que Chihuahua mantiene una estrategia enfocada en el fortalecimiento institucional y en la coordinación con las autoridades responsables de combatir la inseguridad.
En ese contexto, sostuvo que no existen investigaciones ni acusaciones provenientes de autoridades de Estados Unidos contra integrantes de su administración, por lo que rechazó cualquier intento de equiparar ambos escenarios.
La gobernadora reiteró que el Gobierno del Estado ha actuado conforme a derecho en el combate a la delincuencia organizada y en la atención de los problemas de seguridad.
Se Pronuncia Sobre El Caso De Baja California
En sus declaraciones, Campos hizo referencia al caso que involucra a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, donde señaló que existen investigaciones y la difusión de audios relacionados con presuntas conversaciones sobre temas de seguridad.
Ante ello, manifestó que corresponde a las autoridades competentes esclarecer plenamente los hechos y determinar, mediante las investigaciones correspondientes, si existe alguna responsabilidad.
Añadió que la transparencia y la actuación de las instituciones son fundamentales para brindar certeza a la ciudadanía cuando existen señalamientos públicos.
Pide Que No Existan Distinciones Políticas
La mandataria estatal también cuestionó que desde el Gobierno Federal se mencione a Chihuahua al abordar el tema de Baja California, al considerar que ello desvía el debate del caso que actualmente es objeto de atención pública.
En ese sentido, sostuvo que cualquier funcionario señalado por presuntos vínculos con actividades ilícitas debe ser investigado conforme a la ley, sin importar el partido político al que pertenezca o el cargo que desempeñe.
Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada, exigir transparencia y fortalecer la cultura de la rendición de cuentas, al considerar que la participación social también contribuye al combate contra la impunidad.