Lo que durante décadas fue el patrimonio y la fuente de ingresos de una familia deliciense hoy se encuentra en el centro de una batalla legal, administrativa y familiar que continúa generando más preguntas que respuestas.
Luis Alberto Castro Salazar y sus familiares aseguran haber sido despojados de varios locales comerciales ubicados en el Mercado Juárez de Delicias, espacios que, afirman, ocuparon, administraron y explotaron comercialmente durante más de treinta años con pleno conocimiento de las autoridades municipales.
La familia sostiene que existen documentos oficiales, recibos de pago, registros fiscales, traspasos reconocidos por administraciones municipales y diversa documentación histórica que acredita la relación de Luis Alberto Castro Salazar con los locales en disputa desde la década de los noventa.
Sin embargo, años después, el propio Municipio de Delicias determinó que algunos de esos espacios eran ocupados de manera irregular y ordenó su recuperación administrativa.
Para los afectados, esa decisión representa una contradicción que hasta la fecha nadie les ha explicado.
Décadas de documentos
Entre la documentación revisada por este medio aparecen traspasos de locales fechados en 1995 y 2001.
Uno de ellos establece que los locales 72 y 73 fueron traspasados a Luis Alberto Castro Salazar en junio de 1995.
Otro documento fechado en septiembre de 2001 registra el traspaso del local 71 a su favor.
Además, existen certificados de ingresos municipales, recibos de renta, pagos de derecho de piso, registros ante autoridades fiscales y constancias de actividad comercial que muestran operaciones desarrolladas durante varios años dentro del Mercado Juárez.
Incluso existen oficios emitidos por el propio Municipio relacionados con locatarios y beneficiarios de espacios dentro del mercado.
La familia considera que toda esta documentación demuestra que la presencia de Luis Alberto Castro Salazar en dichos locales nunca fue clandestina ni desconocida para las autoridades.
“Nos cobraban, nos registraban y nos reconocían durante años, pero después dijeron que estábamos ahí ilegalmente”, resume uno de los familiares entrevistados.
El origen del conflicto
Según la versión proporcionada por la familia, los problemas comenzaron a agravarse tras el fallecimiento de Aída Margarita Valdez Hernández en 2017.
A partir de entonces surgieron diferencias entre hermanos relacionadas con la administración de los negocios familiares, mercancías y derechos sobre diversos bienes.
Lo que inicialmente era un conflicto familiar terminó trasladándose a tribunales, agencias del Ministerio Público y dependencias gubernamentales.
Con el paso de los años, el caso se convirtió en una compleja disputa donde se mezclan procedimientos civiles, familiares, administrativos y penales.
La recuperación de los locales
Uno de los momentos más controvertidos ocurrió cuando el Municipio de Delicias inició un procedimiento de recuperación administrativa de diversos locales del Mercado Juárez.
Dentro del expediente P.A.-02/2024 se emitió una resolución mediante la cual se determinó que varios espacios comerciales se encontraban en posesión ilegal o indebida.
La resolución incluyó los locales 53, 60, 61, 71, 72, 73, 75 y 76.
Posteriormente se notificó a Luis Alberto Castro Salazar la obligación de desocupar dichos espacios.
Es precisamente esta resolución la que hoy cuestiona la familia.
A su juicio, resulta difícil entender cómo una persona que aparece vinculada documentalmente durante décadas a diversos locales puede ser considerada posteriormente un ocupante irregular.
Los familiares sostienen que las autoridades ignoraron documentación histórica que acreditaba la posesión y operación comercial de los espacios.
El proceso penal
De manera paralela, la Fiscalía informó que obtuvo una sentencia condenatoria contra Luis Alberto Castro Salazar por el delito de despojo derivado de hechos ocurridos en diciembre de 2023.
La versión oficial sostiene que una de sus hijas fue privada de la posesión de varios locales comerciales que administraba.
Sin embargo, la familia rechaza esa narrativa y asegura que el conflicto fue presentado de manera parcial.
Afirman que los hechos ocurrieron en medio de una disputa familiar por la administración de los negocios y que durante el proceso existieron elementos que no fueron valorados de manera adecuada.
También sostienen que gran parte de la mercancía existente dentro de los locales pertenecía históricamente a la familia y que existen documentos que respaldan esa afirmación.
Denuncias y señalamientos
Durante la entrevista, los familiares narraron una serie de hechos que consideran preocupantes.
Entre ellos mencionan denuncias por amenazas, solicitudes de órdenes de protección, juicios de amparo y diversos escritos presentados ante autoridades estatales y federales.
Asimismo, aseguran haber denunciado presuntas irregularidades en la atención de sus casos y en la actuación de algunas autoridades.
Dentro de esos documentos aparecen señalamientos contra familiares, abogados y servidores públicos.
No obstante, estas acusaciones forman parte de la versión de los denunciantes y deberán ser acreditadas o desvirtuadas por las autoridades competentes.
La pregunta que sigue sin respuesta
Más allá de las acusaciones cruzadas, existe una interrogante que permanece abierta.
Si durante décadas existieron traspasos, pagos de renta, derechos de piso, registros fiscales, documentos municipales y actividad comercial reconocida por distintas autoridades, ¿qué elementos llevaron al Municipio de Delicias a concluir posteriormente que esos mismos locales eran ocupados de manera irregular?
Esa es la pregunta que hoy plantea la familia Castro.
Una pregunta que continúa sin respuesta pública y que constituye el núcleo de una controversia que ha dividido a una familia y que sigue generando dudas sobre el manejo de los locales comerciales del Mercado Juárez.
La documentación revisada por este medio acredita la existencia de una relación histórica entre Luis Alberto Castro Salazar y diversos locales del mercado. Sin embargo, también existen resoluciones judiciales y administrativas que sostienen una conclusión distinta.
Por ello, la investigación periodística permanece abierta y será necesario conocer la postura completa de todas las partes involucradas, así como la explicación de las autoridades responsables de los procedimientos que dieron origen a este conflicto.
Ana Palma