El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) discutirá un nuevo paquete de lineamientos para regular y fiscalizar los procesos internos que los partidos políticos han adelantado de cara a la renovación de gubernaturas en 2027, con el objetivo de garantizar la equidad en la contienda y evitar actos anticipados de campaña.
INE Endurece Vigilancia Sobre Procesos Internos
La propuesta surge luego de que diversas fuerzas políticas iniciaran actividades para perfilar a sus posibles candidatos antes del arranque formal del proceso electoral.
Morena, PT y PVEM ya abrieron registros para seleccionar coordinadores estatales, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano realizan consultas y eventos para definir a sus perfiles rumbo a las elecciones de 2027.
El proyecto será discutido nuevamente por el Consejo General, luego de que una primera propuesta impulsada por el consejero Arturo Castillo fuera rechazada el pasado 27 de mayo.
El documento señala que el INE no regulará estos procesos por el nombre que les otorguen los partidos, sino por su contenido, finalidad, propaganda, recursos utilizados y posible impacto electoral.
Habrá Fiscalización Desde Antes De Las Precampañas
Los lineamientos plantean que el INE supervise los procesos políticos internos desde su inicio, aun cuando las precampañas no hayan comenzado formalmente.
Entre las principales medidas se encuentra la obligación de que los partidos notifiquen al Instituto el inicio de cualquier proceso interno dentro de los tres días siguientes a su convocatoria, entregando las reglas de participación y el listado de aspirantes.
Asimismo, todos los ingresos y gastos deberán registrarse en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), prácticamente en tiempo real, mediante cuentas bancarias específicas para cada participante o una cuenta concentradora con control individual.
El INE también contempla monitorear propaganda en espectaculares, bardas, transporte público, pantallas digitales, internet y redes sociales para detectar gastos no reportados.
Además, podrá realizar visitas de verificación a eventos y recorridos, incluso sin previo aviso, así como exigir una agenda semanal con las actividades programadas por partidos y participantes.
Controlarán Recursos Privados Y Uso De Inteligencia Artificial
La propuesta establece límites a las aportaciones privadas, obliga a identificar plenamente a los donantes y prohíbe recibir recursos provenientes de gobiernos, empresas, sindicatos, iglesias, personas extranjeras, personas no identificadas o mediante criptoactivos.
También plantea que únicamente podrán contratarse proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores del INE y considera como no comprobados los gastos realizados con empresas incluidas en la lista de operaciones simuladas del SAT.
Al concluir cada proceso interno, los partidos y participantes deberán presentar informes detallados de ingresos y gastos con la documentación comprobatoria correspondiente.
Como novedad, el proyecto obliga a identificar el contenido generado o modificado mediante inteligencia artificial mediante una leyenda visible en imágenes, videos, audios o propaganda.
Prohíben Actos Anticipados Y Uso De Recursos Públicos
El anteproyecto establece que los procesos internos no podrán tener como objetivo obtener el respaldo para una futura candidatura ni incluir llamados al voto, propuestas de plataforma electoral o expresiones de carácter proselitista.
Asimismo, los organizadores deberán garantizar que durante estos eventos no se incurra en violencia política contra las mujeres por razón de género y evitar cualquier propaganda con contenido electoral.
Los lineamientos también prohíben expresamente el uso de recursos públicos, incluyendo personal, bienes, programas sociales, infraestructura, recursos financieros, tecnológicos o institucionales.
De igual forma, regulan la difusión de encuestas relacionadas con estos procesos, obligando a informar al INE sobre su metodología, costos, responsables y resultados, además de reportar su gasto cuando sean utilizadas con fines propagandísticos.
Finalmente, el Instituto advierte que, si determina la existencia de actos anticipados de precampaña o campaña, los gastos realizados podrán sumarse para evaluar un posible rebase de los topes de gastos electorales.